Tras analizar los datos del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Observatorio de Derechos de la Defensoría reveló que 38 niños, niñas y adolescentes murieron el 2023 producto de lesiones provocadas por armas de fuego.
Las mayores tasas de homicidios de en este segmento de etario se en las regiones de Tarapacá, Metropolitana, Los Ríos y Biobío.
En comparación a 2019, desde 2022 se ha identificado un aumento de los homicidios, lesiones y violencia sexual a niños, niñas y adolescentes que resultan altamente preocupantes.
Respecto de los fallecimientos producto del uso de armas de fuego, hay un incremento importante en el 2022, cuando las muertes llegaron a 49, 20 más que el año anterior.
Al desagregar la información por región en términos de cantidad de fallecidos por armas de fuego, la Región Metropolitana encabeza la lista en 2023 con 25 defunciones por este motivo, seguida de Biobío con 4.
Pero al analizar la tasa por cada 100 mil habitantes, la región de Tarapacá es la que tiene una mayor tasa respecto a su población, seguido de la región del Biobío.
En la revisión por comunas, el Observatorio señala que Iquique es la que presenta la mayor cantidad de casos, con nueve fallecidos por arma de fuego entre 2021 y 2023, seguido de San Bernardo y Renca.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que “la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es algo inaceptable y terrible, pero no debemos olvidar que también es algo prevenible”.
Agregó que “no poner ahí los esfuerzos significa omitir la responsabilidad que tenemos todos los garantes en evitar una afectación grave al derecho de estar protegido contra toda forma de violencia que impactan en la supervivencia y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”.
Adicionalmente, el Defensor destacó que este análisis realizado por la Defensoría de la Niñez “tiene como finalidad aportar a la toma de decisiones de las autoridades competentes, para que puedan basarse en un enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia para generar políticas públicas específicas y bien definidas, que reduzcan las desigualdades estructurales que impiden el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, junto con generar acciones para la prevención y no repetición de vulneraciones de derechos humanos”.