La empresa de transportes de valores Brinks, cuya oficina en Rancagua fue asaltada por un numeroso grupo de delincuentes en una operación que incluyó vehículos quemados, lanzamiento de miguelitos y bloqueos de calles y caminos, reveló el monto exacto de lo sustraído.
Esa tarde del 16 de agosto, los asaltantes, que contaron con el apoyo de una cajera y un guardia de seguridad de la empresa, Brinks perdió $11.465.818.468, según se desprende de una querella ingresada por los abogados de la empresa contra los 20 detenidos en esta causa.
La cifra acerca a los 12 mil millones de pesos informados preliminarmente por la fiscalía, que hasta ahora imputa a los detenidos delitos de robo con violencia, apropiación de cosa mueble ajena, violencia o intimidación en las personas y asociación ilícita criminal.
En el caso del guardia Óscar Orellana y la cajera Ximena Fuentes, se agrega el delito de revelación de secretos comerciales y se les acusa de tener “participación directa en los hechos”, por parte de los querellantes.
“El concierto de los señores Fuentes y Orellana con la organización criminal se ve refrendado por una serie de antecedentes, entre los que destaca una fotografía captada en una reunión sostenida por la banda delictual el día miércoles 14 de agosto, dos días antes del atraco, en la que se aprecia claramente a ambos exdependientes de mi representada participar de la misma”, relata el escrito.
La querella entrega detalles de cómo ocurrió el robo. Se menciona, como ya se sabe, que la cajera, quien se desempeñaba como “operadora de cash” de Brinks, salió a fumar al exterior de las oficinas en compañía de otras dos operadoras y la supervisora de operaciones.
Fue en ese momento cuando “descendieron de manera violenta siete individuos a rostro cubierto, uno de ellos premunido de un fusil AK-47, quien intimidó a las trabajadoras que se encontraban en el frontis del lugar”.
También se relata cómo el guardia ayuda a los delincuentes a ingresar al recinto y al lugar donde se almacenaba el dinero que luego pasaron aun segundo grupo que se estaciona por el lado exterior del muro perimetral y comienza a recibir el botín.
Un tercer grupo prestó cobertura, relata el escrito. “Mientras los otros individuos ejecutaban las funciones encomendadas en el marco del plan criminal, un tercer grupo de sujetos fue el encargado de dar cobertura a los ejecutores, efectuando disparos y maniobras distractivas”.
Los abogados de la empresa solicitaron al Ministerio Público solicitar que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informe sobre las instituciones financieras que mantuvieron o mantienen productos bancarios, financieros o deudas con los imputados y pedir información al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre los acusados.
También se pide al Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI informe sobre entradas y salidas del país de los imputados, además de un reporte sobre propiedades inscritas a nombre de estas personas.
En cuanto a Pedro Espinoza Olivares (47) y su hijo Sebastián Espinoza Ríos (21), los dos últimos detenidos en esta investigación, la fiscalía solicitó reformalizarlos en atención a nuevos antecedentes recabados.
La audiencia respectiva está fijada para el 6 de septiembre a las 10.00 horas.