El juicio sobre el caso de una mujer polaca que falleció en un hospital por complicaciones en su avanzado estado de gestación y cuya muerte pudo estar relacionada con las restricciones legales al aborto quedó aplazado hasta agosto después de que la defensa aportase nuevas pruebas.
Los hechos se remontan a 2020, cuando Agnieszka, de 37 años y embarazada de gemelos, ingresó en un hospital con fuertes dolores.
Tras la muerte de uno de los fetos, los doctores que atendieron a la mujer decidieron esperar varios días antes de extraer el cuerpo por miedo a dañar al segundo embrión, lo que desembocó en la muerte de este y finalmente de la madre.
En el juicio se tratará de esclarecer si la actuación de los facultativos estuvo condicionada por el miedo a infringir la estricta legislación polaca contra el aborto, que castiga con la cárcel a cualquiera que ayude a interrumpir un embarazo que no amenace la vida de la madre.
A pesar de que el caso de Agnieszka se convirtió en un símbolo de las reivindicaciones de liberalización del aborto en Polonia, no se trata de la única muerte producida en este país en circunstancias parecidas.
Según organizaciones feministas independientes, hay al menos otros seis casos de fallecimientos de embarazadas en hospitales polacos que podrían haberse evitado con una legislación que no trate como criminales a quienes ayuden a interrumpir un embarazo peligroso o no deseado.
El Gobierno de Donald Tusk, que durante su campaña electoral prometió tramitar rápidamente la aprobación del aborto libre y sin condiciones hasta la semana 12 de gestación, ha mostrado hasta ahora escasa iniciativa en este tema, en parte por desacuerdos entre los socios más conservadores que integran la coalición del Gobierno.
Por otra parte, una ley recién aprobada por el Parlamento y el Senado que permitiría la venta sin receta de la píldora del día después a mayores de 15 años espera todavía la aprobación del presidente polaco, Andrzej Duda, de ideología conservadora y frontalmente opuesto a dar su visto bueno a esta medida.
Las asociaciones feministas polacas, que sacaron a la calle a millones de personas en todo el país durante su campaña de protestas de hace pocos años, han mostrado su decepción y enfado con un Gobierno que prometió hacer de la defensa de los derechos de las mujeres su prioridad y hasta ahora no ha sido capaz de avanzar en esta cuestión.