La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar indemnizaciones a 307 familiares de los 81 internos que fallecieron en el incendio ocurrido el 8 de diciembre de 2010 en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada resolvió elevar los montos indemnizatorios que habían sido fijados previamente "por estimarlos exiguos e insuficientes para resarcir mínimamente los graves menoscabos producidos a las víctimas por rebote".
En concreto, los 307 familiares serán compensados por una suma total que supera los 12 mil 600 millones de pesos.
La resolución estableció que “los efectos emocionales que produce en cualquier persona promedio la muerte de un familiar o ser querido, lo pretendido a través de tales ordenaciones es establecer un piso de igualdad, entre los demandantes en su condición de víctimas por rebote que se encuentren en similares posiciones, dando por sentado que respecto de quienes hayan logrado únicamente acreditar el título de parentesco o una relación de cercanía e intimidad con el fallecido”.
Ante estos antecedentes, el tribunal decidió que se “elevará los montos fijados como referenciales y mínimos referenciales en la sentencia que se revisa, por estimarlos exiguos, insuficientes para resarcir mínimamente los graves menoscabos producidos a las víctimas por rebote, a raíz del fallecimiento en crueles condiciones de alguno o más de sus familiares, y alejados de las sumas judicialmente asignadas a este tipo de sufrientes en situaciones similares”.