El Gobierno argentino que encabeza Javier Milei declaró como “organización terrorista” a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo cuya existencia como estructura consolidada es cuestionada por investigadores, dirigentes políticos y representantes de comunidades mapuches consultados por EFE, quienes además aseguran que solo se conoce públicamente a un integrante: Facundo Jones Huala.
El anuncio se produjo tras unas declaraciones de Jones Huala, considerado su líder, quien hace una semana reivindicó “los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes” en el contexto del conflicto mapuche.
El pueblo mapuche habita el sur de Argentina y Chile desde antes de la colonización europea y mantiene una histórica demanda por el reconocimiento y la restitución de tierras ancestrales, parte de las cuales fueron cedidas para explotación a empresarios nacionales y extranjeros.
Sin embargo, distintos sectores de la comunidad se desmarcan de las acciones atribuidas a la RAM y cuestionan la relación entre el pueblo mapuche y actos de violencia.
“Los planteamientos mediáticos que ha hecho Jones Huala difieren de los mecanismos o metodología de lucha que viene realizando desde hace casi 40 años el Parlamento Mapuche en Río Negro”, afirmó Mirta Ñancunao, werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento, quien además recalcó que dentro de la comunidad no se conocen más integrantes del grupo, aparte de Jones Huala.
Acusaciones contra la RAM
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, describió a la RAM como “un movimiento etnonacionalista violento dependiente del Movimiento Autónomo del PUEL MAPU”. Además, su cartera denunció esta semana a Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, a raíz de sus recientes dichos.
El referente mapuche, de 38 años, ha sido acusado en otras ocasiones y cumplió condena en Chile entre 2018 y 2022 por porte ilegal de armas y provocar incendios. En 2023 volvió a ser detenido y, tras obtener la libertad, retornó a Argentina en agosto de 2024.
Gustavo Franquet, abogado que integró su defensa, aseguró a EFE que los dichos de Jones Huala “no son prueba definitiva de la existencia de la RAM” y que “no existe ninguna resolución judicial que la avale”, por lo que sostiene que el Ejecutivo no cuenta con respaldo jurídico para calificar al grupo como organización terrorista.
Desde 2017, decenas de delitos como incendios y usurpaciones de terrenos han sido atribuidos a la RAM. No obstante, Franquet subrayó que hasta la fecha no hay sentencias que acrediten su responsabilidad en esos hechos.
Moillán denunció además una persecución política contra el pueblo mapuche y consideró que se ha creado “un enemigo interno” como justificación para aplicar políticas represivas sobre la comunidad.
¿Conflicto de seguridad o construcción política?
“En mi gestión no hubo ni un hecho de vandalismo que se le haya atribuido la RAM”, señaló Sabina Frederic, ministra de Seguridad durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).
En conversación con EFE, Frederic indicó que la RAM “no es un problema de seguridad pública ni representa un poder terrorista”, sino que calificó al grupo como “una ínfima minoría radicalizada de mapuches que en algún momento realizó actos de vandalismo”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, vinculó esta semana a la RAM con los incendios que ya han arrasado más de 25.000 hectáreas en la región patagónica. Además, acusó a Jones Huala de ser instigador de los siniestros, algo que el mapuche rechazó de plano.
“Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”, respondió Huala.
“En algún momento (Jones Huala) fue una referencia, pero ahora está muy desacreditado”, dijo a EFE el antropólogo e investigador de pueblos indígenas Hernán Schiaffeti.
El experto concluyó que “la identificación del mundo mapuche con el terrorismo le viene bien al Gobierno para eludir su responsabilidad en la gestión de recursos naturales y la prevención de incendios”.